“La inclusión es tarea de toda la sociedad, incluyendo a los que estamos en esa situación. Tenemos que buscar la forma de hacernos visibles y abrir puertas a los que vienen detrás de nosotros”, dice Matías Poblete, fundador y presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad.
La Ley Nº 21.015 de Inclusión Laboral tiene por finalidad promover una inserción eficaz de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito público como en el privado. Entre sus normativas, establece que los organismos públicos y las empresas con 100 o más trabajadores y trabajadoras cuentan con al menos el 1% de personas con discapacidad.
¿Cuáles son las principales propuestas de la Fundación para esta nueva Ley?
En el caso del sector público creemos que es importante que exista un ente fiscalizador, tanto para el cumplimiento de la contratación del 1% de personas con discapacidad como para la implementación de ajustes razonables en los puestos laborales.
Hoy nadie fiscaliza y solo deben informar si cumplen o no la ley. En la práctica, muchos organismos del Estado ni siquiera informan y otros, derechamente no cumplen.
Por eso creemos que la Contraloría General de la República debería asumir ese rol y fiscalizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones legales, desde los Ministerios hasta las Municipalidades.
Otro aspecto, es que cuando el sector público no pueda contratar personas en situación de discapacidad por no contar con medidas de accesibilidad o capacidad técnica, que tenga la obligación de elaborar un plan de acción, costearlo y ponerlo en la ley de presupuesto de la nación, para implementar esos ajustes al año siguiente.
En el sector privado, proponemos que cuenten con una franquicia tributaria para financiar parte de los ajustes que necesiten. Hoy en las empresas contratan a las personas con menos dificultades, ya que es más fácil ajustar las condiciones de trabajo para ellas, a diferencia de quienes tienen una situación de discapacidad más compleja. Si el Estado devolviera parte de ese costo para la empresa, por ejemplo el 40%, esto podría mejorar.
También es importante que la ley 21.015 se cumpla de manera descentralizada. Hay empresas que tienen sucursales en todo Chile y solo cumplen la ley en Santiago.
Esperamos además que la Dirección del Trabajo fiscalice a las empresas. Actualmente, esto no llega ni al 1%, del 1% que debería estar contratado. Lo óptimo sería que se fiscalice al menos al 40% de las más de 12.000 empresas existentes.
¿Cuáles son a su juicio, las mayores barreras con las que se encuentran hoy los trabajadores discapacitados cuando quieren postular a un trabajo?
Se enfrentan a barreras difíciles: muchas veces, a pesar de tener las capacidades, no son contratadas porque no existen ajustes razonables o condiciones de accesibilidad no solo al interior de las empresas, rampas o baños adaptados, sino en todo el entorno, como veredas rotas, postes mal ubicados o transporte público de fuera de Santiago que no tiene las condiciones adecuadas.
A esto se agregan brechas educacionales. La encuesta CASEN 2017 reveló que el 64% de las personas con discapacidad no ha terminado la Enseñanza Media. Hay una diferencia de 5 años en déficit de estudios versus alguien sin discapacidad y esto dificulta el acceso a la educación superior.
¿Qué hacemos con aspectos culturales que impiden una mayor inclusión?
La ley, cualquiera sea, impone una modificación de conducta que a veces se logra y a veces no. La inclusión debiera ser parte de la naturaleza humana pero esto no ocurre y es necesario establecer disposiciones para un proceso de inclusión, que no es una meta sino un camino, y que existan sanciones para estas normativas.
Debemos hacer hincapié en promover los derechos de las personas con discapacidad: todos somos diferentes pero iguales en derechos. No hay que enfrentar la discapacidad como un problema, sino como parte de la diversidad y ejemplo de que se puede salir adelante.
¿Qué nivel de prioridad le das a la capacitación en esta materia?
La capacitación es importante para promover los derechos de las personas en situación de discapacidad y eso se hace a través de actividades de capacitación, como la difusión o transferencia técnica de conocimientos que permiten desarrollar programas, planes o iniciativas, con un buen sustento para mejorar el entorno laboral, para que sea cada vez más inclusivo.
Además, con la capacitación se desarrolla a los colaboradores y ayuda a que las propias personas discapacitadas, disminuyan las brechas. Es muy importante lo que se puede hacer con herramientas como becas laborales, precontrato, nivelación de estudios o certificación de competencias laborales, para mejorar la empleabilidad de este sector.